La implementación de la nueva normativa podría significar un aumento en los gastos comunes que oscilaría entre un 3% y 5% de la boleta final.
Si el 2022 fue un año desafiante para el sector inmobiliario, este 2023 no estará exento de cambios. Uno de los escenarios que sin duda tendrá impacto en el bolsillo de las personas se relaciona con la entrada en vigencia de la Ley 21.420, que establece que a partir de enero “todos los servicios están afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo cumplir con la obligación de agregar un 19% al valor del servicio y emitir la documentación tributaria correspondiente, entre otras.”
Entre las actividades que hasta ahora se encontraban exentas de pago del IVA, se encuentra la administración de edificios y comunidades, que representa entre un 5% y un 10% de los gastos comunes que pagan los copropietarios de forma mensual. Es por esto que, según estimaciones, la implementación de esta medida podría significar un aumento que oscilaría entre un 3% y 5% de la boleta final.
En términos generales, se entiende por gastos comunes al costo que deriva de la administración, mantención y reparación de todos los bienes que permiten el buen funcionamiento de un edificio o comunidad. Estos gastos pueden ser ordinarios, si se trata de servicios permanentes, o extraordinarios cuando se orientan a la construcción o habilitación de nuevos espacios.
Según un estudio realizado por Comunidad Feliz, el año 2022 los gastos comunes en edificios de la Región Metropolitana subieron un 18%, elevándose hasta $101.000 pesos en promedio. Un alza que fue seguida por la Región de Los Ríos, que registró un cobro promedio de $95.000 pesos, y que posicionó a la Región de Tarapacá en el puesto número tres, con un alza de $77.000. ¿Cuáles fueron fueron los factores que incidieron en estas alzas?
Desde la pandemia el costo de los gastos comunes ha reflejado una tendencia al alza provocada, entre otros motivos, por el aumento del precio internacional de los combustibles, el incremento en el valor de los insumos, los reajustes del sueldo mínimo y la inflación que afecta a nivel global. A lo anterior, entonces, en adelante habrá que sumar el IVA de los servicios de limpieza, aseo y ornato; servicios de jardinería y servicios de mantención de equipamiento, tales como bombas, piscinas, calderas, desinfección, entre otros gastos que deberán ser distribuidos entre los respectivos residentes de la comunidad.
Si bien los administradores ya comenzaron a notificar a los copropietarios acerca de la puesta en marcha de esta nueva normativa, es de esperar que el impacto de esta alza se vea reflejado en la próxima boleta de febrero.
ARTICULO TOMADO DEL PORTAL INMOBILIARIO